Desde el inicio de los problemas y retrasos en los plazos entregados por Codelco respecto al “Proyecto de Repotenciamiento del Horno Flash Chuquicamata”, los sindicato N°1, N°2 y N°3 denunciamos en instancias legislativas y fiscalizadoras los graves perjuicios que esto implicaban para la nación.
Si bien los resultados de estas exposiciones permitieron visibilizar los problemas de gestión de la estatal y los efectos económicos que estos implicaban, no existió resolución que exigiera corregir y sancionar a los responsables, generando la sensación de impunidad y protección que solo ha servido para que la administración de la Estatal vulnere con más energía y violencia no solo los compromisos con el Dueño, sino también las leyes en el ámbito laboral, ambiental y de transparencia.
Por este motivo, los Directorios de estos tres sindicatos definieron que el grave daño que se ha hecho a la Fundición del Concentrado (FUCO), a sus trabajadores y a las arcas fiscales, no puede ser olvidado sin el reconocimiento del perjuicio y del castigo que una acción de este nivel implica.
Es así como se recurre al Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien como función debe defender y representar los intereses patrimoniales del país, a través del ejercicio de acciones judiciales. Acciones que en más de una vez ya han implicado la demanda a Codelco por daños al patrimonio nacional.
La denuncia que se envió al CDE se sustenta en primera instancia en el incumplimiento del objetivo con el que se aprobó este proyecto, el cual era superar los niveles productivos de la Fundición, lo que se realizaría en un plazo inicial de 60 días-
Sin embargo, los resultados fueron todo lo contrario. Hasta inicios del 2018 en la FUCO se fundían 1,728.000 toneladas anuales de cobre, con dos líneas productivas; 1. Horno Flash (producción promedio de 90 toneladas hora) y 2. Convertidor Teniente (Producción promedio 110 toneladas hora). La ejecución del Proyecto implico la pérdida definitiva de una línea de fusión (Convertidor Teniente) y la producción del horno flash que alcanza entre 100 a 150 toneladas hora, es decir, actualmente se deja de fundir 864 toneladas al año menos y por ende deja de recibir para gasto US$ 220 a US$230 millones anuales.
En cuanto a los plazos, los 60 días comprometidos, fueron ampliados y (re) comprometidos a 94 en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, para finalmente ser más de 200 días. Este inexplicable retraso implicó una pérdida de 1 millón de toneladas sin fundir, lo que se traduce en US$300 millones aproximado.
A su vez, graves errores de diseño de la empresa contratada para implementar las plantas de Acido con un tamaño mayor de fusión, implicó que actualmente éstas soporten 100 toneladas menos por hora que lo establecido en el proyecto original. En esta línea también se ha pedido al CDE que se investigue si las supuestas multas cursadas a la empresa contratista repararon efectivamente las pérdidas generadas.
En segunda instancia pero quizás más importante para un país minero como Chile, esta denuncia tiene como objetivo, que el CDE investigue y analice las reales intenciones que tienen los ejecutivos de Codelco que decidieron e insistieron con continuar con un proyecto tan nefasto como éste.
Primero, porque injusta y hasta cobardemente han señalado que los trabajadores de Chuquicamata son poco productivos, en circunstancias que la baja productividad de la FUCO es absolutamente culpa de su pésima gestión, desconocimiento y malas decisiones, declaraciones que obviamente tratan vergonzosamente de legitimar los despidos masivos e injustificados ocurridos este año, como la incesante persecución y maltrato a los trabajadores.
Segundo, porque la conducta indiferente, falta de ética y de conciencia por malgastar recursos del Estado como por desperdiciar la oportunidad de fundir cobre, demuestra el nulo compromiso de estos ejecutivos no solo con Codelco, sino con el Estado, motivo por el cual no merecerían tener un cargo de esa responsabilidad en la principal empresa del Estado.
Tenemos la confianza y certeza que esta denuncia y posterior acción judicial, podrá poner freno a la irresponsabilidad de la administración de Codelco, pues de continuar estas conductas, no será solo un proyecto mal ejecutado el que debamos pagar todos los chilenos, sino el estancamiento de nuestro desarrollo social.
